La vecina de Antequera a la que se paralizó su desahucio, aún espera su alquiler social

El pasado 7 de febrero Carmen Quirós respiraba al aliviada. La orden de lanzamiento de su vivienda en la barriada García Prieto de Antequera se paralizó. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento acordaron con la entidad bancaria la paralización de desahucio mientras tanto se negociaba un alquiler social. Sin embargo, y a pesar de las promesas, esta vecina aún sigue esperando la confirmación de la medida.

“Bankia no me han dado una respuesta. Ni en positivo ni en negativo. Se me pasa el tiempo. No sé a qué me enfrento el día 7”, ha manifestado Carmen este lunes a las puertas del Palacio Consistorial, acompañada por miembros del círculo local de Podemos.

Esta vecina de 65 años admite que desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento le aseguran que hay “buenas perspectiva”, pero ve como “se echa el tiempo encima” y no desaparece la incertidumbre: “Tengo las cosas embaladas. Tengo mi casa desarmada”, ha insistido.

Al no existir sucursal de la entidad en Antequera, Carmen espera que, al menos, desde el Ayuntamiento le digan cuánto antes que se puede quedar en su casa con un alquiler social equivalente a una cuarta de la pensión de jubilación y de forma vitalicia. La medida la ve con buenos ojos, ya que si tuviera que optar por una renta normal en otro inmueble, pagarla supondría dedicarle “tres cuartas partes” de sus ingresos. “A precio de mercado, o pago piso o como. ¿Y dentro de cuatro o cinco años que me lancen otra vez? No me quiero a exponer a eso”, ha comentado esta vecina pendiente de una respuesta que podría llegar -según le dicen desde el Ayuntamiento- el 1 de marzo.

A pesar de la situación de incertidumbre, Carmen admite que lo positivo de las tres últimas semanas es que hoy en día ya hay algo positivo a lo que aferrarse, “porque antes sólo era negativo: esperar al lanzamiento”.

Enganche por «derecho constitucional”

Otras de las circunstancias que ha cambiado es que ya cuenta con electricidad. Endesa le había cortado el suministro debido al impago de varios recibos, pero no ha sido la compañía la que se la ha devuelto . “Como tengo ese derecho constitucional, me he puesto la luz”, ha reconocido, admitiendo a su vez que un electricista le ha enganchado a la línea.

Carmen ha querido dejar claro que ella siempre ha “ido por lo legal”, pero que sin embargo se ha decidido tomar esta medida -que le ha supuesto, además, pagar 30 euros- porque ve que “ahora esto es legal -en referencia a la ley aprobada para proteger al consumidor-, que lo han reconocido que no podemos estar sin energía, y más con la espada de Damocles del desahucio”.