
El Ayuntamiento lleva 11 meses esperando los informes sectoriales que necesitan para tramitar licencias, autorizar obras y sacar adelante proyectos municipales
El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha intervenido este miércoles en la Tribuna de Alcaldes de la Diputación Provincial de Málaga, durante la sesión plenaria de la institución, para denunciar la “inactividad” y la “falta de respuestas” de la Delegación Territorial de Agua de la Junta de Andalucía. Según ha señalado, el Ayuntamiento lleva 11 meses a la espera de que se emitan los informes sectoriales necesarios para tramitar licencias, autorizar obras y avanzar en proyectos municipales. “En este tiempo el Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente con su deber: hemos entregado toda la documentación, mantenido reuniones y reiterado solicitudes. La respuesta ha sido silencio administrativo”, ha afirmado.
Gómez ha subrayado que esta situación tiene consecuencias directas en el municipio: “familias que no pueden construir su vivienda, autónomos que no pueden invertir y obras municipales paralizadas”. Además, ha considerado “incomprensible” que, tras casi un año de demora, la Delegación esté remitiendo requerimientos a los vecinos dándoles diez días para aportar nueva documentación “bajo advertencia de archivo del expediente por caducidad”. A su juicio, se trata de “una desproporción administrativa inaceptable y una falta de respeto institucional y ciudadana”.
El alcalde ha explicado que, pese a las reuniones mantenidas con la Delegación en los últimos meses, “el resultado ha sido nulo”. “No se ha ofrecido ni una solución, ni un plazo, ni un solo informe emitido. Han sido encuentros meramente informativos en los que la Junta no ha adquirido compromisos ni concretado avances”, ha señalado.
Gómez ha recordado que la Ley del Procedimiento Administrativo Común establece un plazo general de tres meses para resolver expedientes, muy lejos de los once que acumulan los trámites en Campillos. También ha rechazado que el retraso se deba al número de viviendas fuera de ordenación (AFO), al considerar que este argumento es “falso o, como mínimo, profundamente engañoso”. De los cerca de veinte expedientes afectados, solo dos se corresponden con viviendas AFO. “Esta demora injustificable pretende desviar la atención del problema real: la inoperancia, la falta de personal y la ausencia de gestión y de voluntad política en la Delegación de Agua”, ha incidido.
Ante esta situación, el regidor ha exigido a la Junta medidas “urgentes y concretas”, entre ellas la emisión inmediata de los informes pendientes, el refuerzo de personal técnico y administrativo —especialmente en la Delegación de Málaga, donde “el colapso es estructural”— y la creación de un canal técnico permanente de coordinación entre ayuntamientos y Consejería para garantizar una comunicación fluida y el cumplimiento de los plazos legales.
Por último, Gómez ha pedido a la Diputación de Málaga que utilice “toda su capacidad institucional” para contribuir al desbloqueo de los expedientes. “Los pueblos del interior no somos ciudadanos de segunda. Merecemos una administración que funcione, que responda y que respete los plazos. Cumplirlos no es una cortesía, es una obligación legal; y cumplir con los pueblos no es un gesto político, es un deber institucional”, ha concluido.





