El Grupo Municipal Socialista ha formalizado hoy ante el Ayuntamiento de Antequera sus alegaciones contra el proyecto de implantación de plantas industriales, energéticas y químicas en la zona de La Joya, conocido como H2. Esta acción se suma a la movilización vecinal que, según los datos aportados, ha alcanzado ya las 1.000 firmas individuales en contra de la ubicación de esta infraestructura.
Impacto en el Patrimonio Mundial y el entorno natural
El parlamentario andaluz y concejal, José Luis Ruiz Espejo, ha detallado que el rechazo del PSOE se fundamenta en la incompatibilidad del proyecto con el modo de vida de la zona. Entre los argumentos técnicos destacan la proximidad al Torcal de Antequera, espacio protegido dentro de la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la afección a zonas integradas en la Red Natura 2000 (ZEPA y ZEC).
Según Ruiz Espejo, el proyecto podría incumplir directivas comunitarias al interferir en el paso de aves protegidas y generar riesgos no calibrados en el subsuelo por la acumulación de metanol y combustibles sintéticos. El proyecto ocupa más de 400 hectáreas y se sitúa a menos de dos kilómetros de núcleos de población, lo que supone un impacto territorial y social inasumible para las actividades agrícolas, ganaderas y de turismo rural.
«Solicitamos que se deniegue la calificación ambiental debido al amplio rechazo social e institucional y por el principio de precaución ante riesgos no calibrados en el proyecto»
Iniciativa en la Diputación de Málaga
Por su parte, el diputado provincial Manuel Lara ha anunciado que el Grupo Socialista trasladará este conflicto al próximo pleno de la Diputación de Málaga. A través de una moción, se instará a la institución provincial a manifestar su rechazo a la ubicación elegida, argumentando que existen zonas más adecuadas para este tipo de infraestructuras que no pongan en riesgo el valor patrimonial del Torcal de Antequera.
La resolución final depende ahora de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, organismo que deberá evaluar los informes técnicos y las alegaciones presentadas por ciudadanos y partidos políticos antes de autorizar el proyecto.
