El Ayuntamiento de Antequera ha informado sobre la situación jurídica y urbanística del callejón ubicado en la calle Antonio González de la pedanía de Cartaojal. Tras la concentración vecinal del pasado lunes, el alcalde de la ciudad, Manolo Barón, y el responsable de Urbanismo y Obras, Juan Antonio Sánchez Zurita, han detallado que la administración local carece de competencias para intervenir de oficio mientras el asunto se encuentre bajo resolución judicial en la Audiencia Provincial de Málaga.
La principal línea argumental del consistorio se basa en la inexistencia de registros documentales que certifiquen el carácter público del vial en disputa. Según el área de Urbanismo, el Ayuntamiento de Antequera no tiene constancia de que dicha zona sea de propiedad municipal en ninguno de los documentos de planeamiento vigentes o históricos.
Esta falta de acreditación se extiende a los sucesivos ordenamientos urbanísticos que ha tenido el municipio desde el año 1975. El equipo de gobierno subraya que ni el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2010, ni los planes anteriores de la década de los noventa, han regulado este espacio como vía pública. La administración sostiene que la zona es un callejón sin salida rodeado de edificaciones y solares privados, lo que dificulta cualquier proceso de catalogación como bien comunal.
Informes técnicos y planimetría histórica
Los técnicos municipales han elaborado informes previos que han sido puestos a disposición de ambas partes implicadas en el litigio. Desde el área de Patrimonio se ha facilitado el acceso a los archivos y a la planimetría local para los ciudadanos interesados, cumpliendo con la normativa de transparencia y protección de datos. No obstante, los resultados de estos análisis técnicos coinciden en que el Ayuntamiento no ha ejercido nunca la titularidad sobre ese terreno, tratándolo como una propiedad ajena al inventario de bienes municipales.
El conflicto ha derivado en una vía jurisdiccional iniciada por un particular, lo que, según la legislación vigente, inhibe la capacidad de actuación de la administración municipal. El Ayuntamiento de Antequera ha confirmado que existe una sentencia de primera instancia en la que el juez no ha admitido la demanda ni la reclamación de propiedad pública realizada por el afectado contra un tercero.
Actualmente, el caso se encuentra en fase de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. El alcalde ha precisado que el consistorio debe esperar a que la justicia dicte una sentencia firme antes de tomar cualquier decisión. Una intervención municipal en este momento podría suponer una desautorización de la autoridad judicial y abrir la puerta a demandas contra la propia administración por parte de los propietarios afectados.
Implicaciones de una posible titularidad pública
Además, se ha señalado la complejidad técnica que supondría transformar este espacio en un vial público. Al tratarse de un callejón sin salida, su conversión en calle requeriría no solo el reconocimiento de la titularidad, sino también la ejecución de expropiaciones y la demolición de edificaciones colindantes y naves ya construidas.
Igualmente, si la Audiencia Provincial dictaminara finalmente que se ha producido una usurpación o apropiación indebida, el consistorio ha asegurado que actuará de manera diligente para acatar el fallo judicial y restaurar el orden jurídico que se determine.
Valoración política de las movilizaciones
El gobierno municipal ha manifestado su respeto a las reivindicaciones de los vecinos de Cartaojal, pero ha calificado de manipulación la gestión política de la protesta por parte del PSOE. Barón ha señalado que la convocatoria de prensa de la concentración fue realizada por el grupo de la oposición, a quienes acusa de no informar a los vecinos sobre el estado real de la sentencia judicial previa. «Que no engañen y manipulen a los vecinos».
La administración local reafirma que atendió a los vecinos en una reunión extensa la semana pasada, donde se ofrecieron todas las explicaciones técnicas necesarias.
«Los vecinos lógicamente están en su derecho de manifestarse en lo que ellos estimen oportuno pero desde el área de urbanismo nos toca esperar y a obedecer lo que diga la justicia», ha defendido el primer edil.
