El PSOE de Antequera ha presentado una moción para el próximo pleno ordinario del mes de marzo con el objetivo de denunciar el deterioro de la sanidad pública. La iniciativa se fundamenta en un análisis técnico realizado por un colectivo de profesionales jubilados del Servicio Andaluz de Salud (SAS), quienes alertan sobre el incumplimiento de los estándares de calidad en la provincia de Málaga y, de forma específica, en la ciudad de Antequera.

El informe que sustenta la propuesta política ha sido elaborado por antiguos trabajadores de la Consejería de Salud, constituidos en un grupo asesor basado en su experiencia profesional. Durante el mes de diciembre, este colectivo realizó una encuesta exhaustiva mediante la petición de citas en los distintos distritos sanitarios de la provincia para verificar los tiempos de respuesta del sistema.

Los resultados obtenidos indican que en el 60% de los casos existen dificultades severas para obtener una consulta con el médico de familia en un tiempo razonable. La demora media se sitúa en los 9,2 días, detectándose casos extremos donde el paciente debe esperar hasta 23 días para ser atendido en su centro de salud habitual.

La falta de agilidad en la atención primaria está provocando, según los datos aportados, un colapso derivado en los servicios de urgencias. Ante la imposibilidad de conseguir una cita médica en un margen de tiempo breve, los usuarios se ven obligados a acudir a los dispositivos de urgencias para procesos que deberían resolverse en consulta ordinaria.

En el caso concreto de Antequera, el Grupo Socialista defiende que los tiempos de espera actuales se alinean con la media provincial. Pruebas directas realizadas en el municipio han arrojado esperas de hasta siete días naturales para una consulta básica, lo que evidencia la necesidad de reforzar la plantilla y los recursos locales.

La moción que se debatirá en el consistorio antequerano exige a la Junta de Andalucía el cumplimiento estricto de los marcos de calidad fijados por las sociedades científicas. La propuesta insta a la administración regional a garantizar que cualquier ciudadano pueda ser atendido por su facultativo en un plazo máximo de 48 horas.