A lo largo de los últimos meses, el nombre de la pequeña pedanía de La Joya ha cruzado los despachos del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Parlamento andaluz y la Diputación de Málaga. El motivo: la propuesta de Siroco Hydrogen 2 S.L. de instalar una planta industrial de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en sus inmediaciones, actualmente en tramitación ante la Junta en una fase inicial sin que existan aún informes que permitan concluir sobre su pertinencia.
Un proyecto de grandes dimensiones en un entorno protegido
‘La Joya H2’ plantea construir la planta sobre 13 hectáreas de suelo rústico, aunque la infraestructura asociada —paneles solares, aerogeneradores y baterías— ampliaría la huella territorial hasta unas 400 hectáreas en las faldas del Torcal. El sistema de electrólisis previsto alcanza los 250 MW y está diseñado para operar durante 30 años. Para abastecerse de agua, el proyecto requiere una conducción de 48 kilómetros desde la depuradora del Guadalhorce, salvando un desnivel de 600 metros. El complejo incluiría además cinco focos emisores, el mayor con una chimenea de 50 metros, que verterían amoniaco, óxidos de nitrógeno y partículas finas.
La ubicación lo sitúa en el entorno del Torcal de Antequera —Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves dentro de la Red Natura 2000— y en la zona de influencia del Sitio de los Dólmenes, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La alarma vecinal y las más de 1.000 firmas
Los residentes de La Joya, Los Nogales, La Higuera y municipios cercanos como Villanueva de la Concepción pusieron el foco desde el principio en el Acuífero del Agua, una reserva hídrica estratégica para el consumo humano y el regadío de la comarca. A su juicio, cualquier filtración supondría una contaminación irreversible. Alertan también de que la orografía en vaguada de la zona y los frecuentes fenómenos de inversión térmica del Torcal impedirían la dispersión de los gases, generando una «boina» de contaminación sobre los núcleos de población.
«Esta ubicación no es solo un punto en el mapa; es el corazón de una zona de especial sensibilidad ambiental y humana que afecta directamente a toda nuestra comarca», destacan desde el colectivo vecinal.
La plataforma vecinal reunió más de 1.000 firmas de rechazo y comenzó a trasladar su posición a todas las administraciones con competencia sobre el expediente.
Rechazo del Ayuntamiento de Antequera y La Junta
El Consistorio fue el primero en formalizarlo. La Junta de Gobierno Local aprobó presentar alegaciones ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con argumentos que abarcaban desde el impacto sobre el patrimonio hasta el riesgo de contaminación de acuíferos, el aumento de tráfico pesado en carreteras locales y posibles afecciones arqueológicas.
El Grupo Municipal Socialista también registró sus propias alegaciones, con José Luis Ruiz Espejo señalando la incompatibilidad del proyecto con las directivas europeas de protección de aves y el riesgo no calibrado de la acumulación de combustibles sintéticos en el subsuelo. Desde Adelante Andalucía, Luis Rodrigo se reunió con la plataforma vecinal y llevó el asunto al Parlamento andaluz.
El punto de inflexión llegó cuando el alcalde Manuel Barón y el Secretario General de Energía de la Junta, Manuel Larrasa, comparecieron juntos para calificar el proyecto de «inviable». Larrasa señaló que su configuración de autoconsumo aislado —sin conexión a la red eléctrica nacional— haría depender la producción de las condiciones meteorológicas, elevando el coste del kilogramo de hidrógeno por encima de niveles competitivos.
«No todos los proyectos de energía renovable valen. Los que apoyamos desde la Junta tienen que ser coherentes con el territorio.»
La Consejería advirtió que, aunque el expediente debe seguir sus cauces legales, la afección medioambiental y paisajística detectada hace «prácticamente imposible» una resolución favorable.
El expediente sigue abierto
Pese a todo ello la Autorización Ambiental Integrada continúa en tramitación. La decisión final corresponde a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que deberá evaluar los informes técnicos y las alegaciones recibidas antes de pronunciarse.
