Empresarios y trabajadores del sector industrial exigen la paralización inmediata del proyecto por riesgos de seguridad, mientras la Comunidad de Propietarios gestiona vías de información con la Junta
La posible implantación de un centro de acogida para Menores Extranjeros No Acompañados en el Polígono Industrial de Antequera ha generado una dualidad de posturas en el sector. Mientras un grupo de empresarios ha formalizado su oposición ante el Ayuntamiento, la Comunidad de Propietarios intenta actuar como puente informativo entre los afectados y la entidad gestora.
El pasado 6 de abril de 2026, un colectivo de propietarios y trabajadores registró un escrito dirigido al Ayuntamiento de Antequera manifestando su disconformidad al proyecto de un nuevo centro de acogida en la zona. Los argumentos principales se centran en la presunta incompatibilidad del entorno industrial, caracterizado por el tráfico de maquinaria pesada, con un uso residencial para menores.
“En caso de seguir adelante, queremos que se presente un plan de refuerzo de seguridad y vigilancia policial permanente en el sector para proteger el patrimonio y la integridad de los negocios y sus trabajadores”.
Los firmantes expresan una preocupación directa por la seguridad ciudadana y la posible degradación de la imagen comercial de la zona. Entre sus peticiones destaca la paralización inmediata del proyecto y la elaboración de informes de impacto que garanticen que la actividad económica y el patrimonio de los negocios no se verán comprometidos por la apertura del centro.
El papel mediador de la Comunidad de Propietarios
Frente a esta situación, el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera, José Antonio Barón, ha definido la postura de la entidad como una de facilitación e información. La directiva mantiene contacto con el promotor del servicio —una empresa concesionaria de la Junta de Andalucía— para trasladar de forma veraz los detalles de la iniciativa a los comuneros preocupados.
Barón ha subrayado que la comunidad no se posiciona en contra de las actividades legales que los propietarios decidan ejercer en sus naves, siempre que se encuadren en la gestión de servicios públicos. La prioridad del organismo es, en este momento, «arrojar luz» sobre el proyecto y evitar la propagación de información no contrastada que pueda alimentar el revuelo en el polígono.
«La misión de la comunidad de propietarios va a ser intermediar y facilitar la comunicación y la información entre los comuneros del polígono y la empresa que gestiona la iniciativa».
Un proyecto enmarcado en el plan autonómico
La propuesta de este centro forma parte del plan de la Junta de Andalucía aprobado en diciembre de 2025. Dicho plan contempla la creación de 440 plazas de atención para menores migrantes en toda la región, en respuesta a los acuerdos de reparto del Gobierno central, tal y como ha explicado la Junta de Andalucía a este medio. “Se está trabajando en ello”, han asegurado fuentes oficiales.
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