Dos linfomas. Un trasplante de médula ósea hace seis meses. Un infarto pulmonar en medio del tratamiento. Y un sistema inmunitario que sus médicos comparan con el de un recién nacido, que necesita ser vacunado desde cero. Antonio Ordóñez Galeote, vecino de Humilladero, en la comarca de Antequera, tiene 30 años y lleva mes y medio sin cobrar un solo euro.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le ha denegado la prestación por incapacidad permanente porque le faltaban unos meses de cotización para tener derecho a ella. Una parte de esos meses ausentes corresponde, precisamente, a los años en que Antonio no pudo trabajar porque estaba combatiendo su primer cáncer.
Antonio llevaba poco tiempo trabajando como operario en una empresa de Antequera cuando empezó a sentirse mal. Vómitos, fiebre persistente, bultos en distintas zonas del cuerpo. En el hospital le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, un cáncer que ataca al sistema inmunitario. No era la primera vez que se enfrentaba a esa palabra.
Años antes, con apenas 27 años, ya había superado un linfoma no Hodgkin que le había impedido trabajar durante más de dos años. En aquel momento perdió 40 kilos y estuvo meses con fiebres de 40 y 41 grados antes de que un médico de Archidona acertara con el diagnóstico. «Tú lo que tienes es que te voy a ingresar porque te vas a morir», le dijo aquel facultativo.
Superó ese primer cáncer. Se reincorporó al trabajo. Empezó de nuevo. Y a los dos años, el cuerpo volvió a dar señales de alarma.
Durante el tratamiento del segundo linfoma sufrió un infarto pulmonar, un trombo en el pulmón que se sumó a la carga que ya arrastraba su organismo. En octubre de 2025, los médicos decidieron someterle a un trasplante de médula ósea. Hoy, seis meses después, Antonio sigue pinchándose a diario en el abdomen un anticoagulante para evitar nuevos trombos. Con un mínimo corte, explica, podría desangrarse.
Las secuelas acumuladas son largas: pérdida de audición en un oído, daño en las cuerdas vocales, faringitis crónica, gastritis crónica, hernias y una inmunodepresión severa que obliga a revacunarle de principio, «como si fuera un niño chiquitito», según sus propias palabras.
Tras el trasplante, Antonio y su familia iniciaron los trámites para solicitar la incapacidad permanente absoluta. La respuesta del INSS fue negativa.
La ley establece que un trabajador menor de 31 años con una enfermedad común —no catalogada como profesional ni derivada de accidente laboral— debe haber cotizado al menos la tercera parte del tiempo transcurrido desde que cumplió 16 años. En el caso de Antonio, ese umbral no se alcanzó por unos ocho o nueve meses, según él mismo calcula.
El problema es que esos meses que le faltan son, en buena medida, los mismos que pasó de baja por su primer cáncer. El sistema no computa los períodos de baja por enfermedad como cotización efectiva para este requisito. El resultado es un círculo que el propio Antonio describe con una frase seca: «O me dan el alta y voy allí a morirme en el trabajo. Yo no conozco a nadie con mi edad tan deteriorado físicamente, con dos cánceres, un trasplante de médula y un infarto pulmonar, que le estén exigiendo que vuelva.»
Tras la denegación, el INSS comunicó a Antonio un procedimiento que él describe como desconcertante: para poder iniciar un nuevo proceso de incapacidad que le permitiera acumular más meses de cotización, debía primero darse de alta, volver al trabajo, y desde allí solicitar de nuevo la baja. «Me exigen que me mantenga en algún trabajo para acumular los meses que ellos quieren. Pero esos meses no existen, porque deberían haberme hecho un paréntesis por los años que estuve enfermo», razona.
Desde que el INSS dejó sin efecto su última baja médica, Antonio lleva más de mes y medio sin percibir ninguna prestación. Su médico le sigue considerando incapacitado para trabajar, pero la resolución administrativa prevalece sobre ese criterio clínico a efectos económicos.
Antonio cuenta con el respaldo de un sindicato y una abogada que llevan su caso. Tiene abiertos varios frentes legales, pero el que más le importa ahora mismo es el que podría cambiarlo todo: lograr que su enfermedad sea reconocida como enfermedad profesional. Si ese reconocimiento llega, los requisitos de cotización desaparecen y la incapacidad permanente quedaría garantizada de forma automática. «Si eso sale, arreglaría todos mis problemas. Por lo menos podría estar tranquilo en casa y recuperarme», explica.
