El proyecto de almacenamiento energético St Cerrillo, una planta de baterías de 77,6 MW en El Chorro, junto al Caminito del Rey, afronta su último trámite municipal, la licencia de obra. Asociaciones vecinales y ecologistas del Valle del Guadalhorce mantienen su oposición.
Recientemente, representantes de la asociación Álorasol y de otros colectivos intervinieron durante casi 20 minutos en el pleno de Álora, exponiendo a los concejales sus dudas sobre el proyecto antes de que se pronuncien sobre la licencia.
Qué es St Cerrillo
St Cerrillo es una planta de almacenamiento «stand alone» promovida por Rolwind Málaga 1, S.L. Según el informe de impacto ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, publicado en el BOE de 20 de diciembre de 2024, tendrá 77,6 MW de potencia y 340 MWh de capacidad. Usará baterías de ion-litio LFP en un recinto vallado de 1,42 hectáreas, con una línea de evacuación subterránea de 1.755 metros.
La planta no genera electricidad: la toma de la red y la devuelve en otro momento. Se ubica cerca de la central de bombeo del Tajo de la Encantada, de 360 MW.
En su origen, el almacén estaba ligado a parques eólicos en Villanueva de la Concepción, Casabermeja y Antequera. Según recogen las alegaciones vecinales, la Junta de Andalucía denegó sus autorizaciones ambientales unificadas.
Lo que recoge el BOE
El informe de 2024 resume las observaciones recibidas durante la consulta a las administraciones. Entre ellas, la advertencia de que el proyecto podía generar impactos «sobre las aguas de abastecimiento de los municipios del Valle del Guadalhorce», formulada por el Ayuntamiento de Álora.
En esa fase también se planteó que el análisis de peligrosidad y de riesgo sísmico era insuficiente. El escenario descrito era que, por la fuerte pendiente del terreno, un sismo desplazara los contenedores hasta el Arroyo de La Teja, conectado con el Guadalhorce.
El Ministerio no compartió esa valoración. Protección Civil consideró «adecuada» la evaluación de riesgos, y el órgano ambiental vio «poco probable» que los contenedores alcanzaran el arroyo, situado a más de 100 metros. Aun así, exigió al promotor un Plan de Autoprotección frente a deslizamientos por sismo y un sistema de extinción de activación automática.
Con esas condiciones, el Gobierno concluyó que el proyecto no necesitaba evaluación ambiental ordinaria. Según los colectivos, una resolución estatal posterior, de mayo de 2026, recoge que el promotor aportó documentación adicional, incluido un estudio geotécnico, y que las objeciones municipales quedaron resueltas. Los vecinos piden que esa documentación se haga pública.
Las preocupaciones vecinales
La principal preocupación de los colectivos es el riesgo de incendio. Recuerdan que los fuegos de baterías de litio son especialmente difíciles de extinguir y que el acceso de los medios de emergencia a la parcela sería complicado. A ello suman el agua: la planta se sitúa cerca de un cauce que desemboca en el Guadalhorce, del que se abastece buena parte de la comarca, y las alegaciones señalan que el proyecto no concreta qué consumo de agua tendrá.
El terreno es otro de los puntos en discusión. Según las alegaciones, la obra prevé más de 42.000 m³ de desmonte y otros tantos de teraplén en una zona que la propia memoria del proyecto considera susceptible de deslizamientos. Los colectivos también advierten de que parte de la línea pasaría a menos de 250 metros del BIC El Castillejo, y temen el efecto que la instalación pueda tener sobre el paisaje del Caminito del Rey y sobre una economía local que vive en gran medida del turismo.
La tramitación
El 23 de junio de 2026, el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga abrió la información pública de la autorización previa de actuación extraordinaria en suelo rústico, prevista en la ley urbanística andaluza (LISTA).
En julio, los colectivos recogieron firmas. Presentaron alegaciones al plan de actuación hasta el 23 de julio y un recurso de alzada contra la autorización administrativa previa y de construcción hasta el 22 de julio. Según los colectivos, se presentaron cerca de 500 alegaciones, en torno a 300 en persona en los ayuntamientos de Álora y Pizarra y unas 200 por vía telemática. Más de 30 asociaciones y entidades respaldaron las alegaciones y el recurso, entre ellas Álorasol, la Asociación de Vecinos de El Chorro, Valle Natural Río Grande, la Plataforma MacrorenovablesNO, la Asociación Andaluza contra la Intolerancia Animal y Ecologistas en Acción Málaga.
Queda pendiente la licencia de obra. Los colectivos aseguran que no se oponen al almacenamiento energético, sino a esta ubicación. Y plantean tres preguntas: qué empleo permanente y qué retorno económico dejará la planta, qué garantías hay para el agua y por qué debe instalarse precisamente en El Chorro.
