El partido ecologista Equo quiere que el Ayuntamiento de Antequera elabore un inventario de los edificios y demás instalaciones públicas afectadas por amianto, especialmente en centros escolares, y que realice una campaña de concienciación a la población sobre este problema, «ya que es totalmente desaconsejable su manipulación».

Como recuerda la formación, tanto el sindicato CGT como la Asociación Linaria ya han estado abordando este problema que afecta a centros educativos locales como los colegios públicos ‘San Juan’ y ‘Vera Cruz’ y el Instituto de Educación Secundaria ‘Pedro Espinosa’.
Equo lanza esta petición aprovechando la «buena disponibilidad» presentada recientemente por el Partido Popular en el Parlamento Andaluz, tras apoyar una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta Junta a retirar el amianto de los centros escolares y pedir responsabilidades a las empresas que lo instalaron aún sabiendo su peligrosidad, y en fue rechazada por los Grupos del PSOE y Ciudadanos.
La proposición fue defendida por la coportavoz andaluza Carmen Molina en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Terriotorio de la Cámara regional. En ella se pide, en primer lugar, actuar de forma urgente en los centros con más de 30 años o que estén en peor estado, y continuar con su retirada en el resto de colegios e institutos para que quede erradicado antes del año 2030. Y es que, como recuerda la forma, para esa fecha que cerca del 90% del amianto instalado ha llegado al fin de su vida útil.
“Pedimos al Partido Popular una implicación seria en este tema y que no la utilice como arma arrojadiza política para atizar al PSOE, cuya actitud en este tema deja mucho que desear», ha manifestado el portavoz de Equo Antequera, Francisco Sánchez Molina.
Como apunta, el amianto es un material muy peligroso para la salud, que se encuentra presente en muchos materiales, principalmente el conocido como uralita. Desde 2002 está prohibido en España y se debe hacer de forma segura, «lo que implica seguir unas pautas muy concretas que se encuentran en el RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto».