El Ministerio de Interior y la Diputación de Málaga firmaron en julio de 2014 un convenio para acometer obras de rehabilitación y mejoras en cuarteles de la Guardia Civil en la provincia. El presupuesto, financiado al 50%, es de medio millón de euros, de los que tan sólo algo más de 10.000 euros va a acabar llegando a instalaciones en la Comarca de Antequera. Una cantidad escasa para el PSOE y por ello exige a ambas administraciones que suscriban un nuevo acuerdo con “mucha mayor financiación” para el periodo 2017-19, en el que se dé preferencia a actuaciones que desarrollar en esta zona del norte de Málaga.

En concreto, en Alameda se va a adecuar una sala de espera, en la que invertirán 5.600 euros, mientras que en Archidona se reacondicionará el portón de acceso principal del acuartelamiento y la mejora de la puerta con un presupuesto 4.800 euros.

“El Partido Popular tiene absolutamente abandonados los cuarteles de la Comarca. No se preocupa que un Cuerpo fundamental para nuestros municipios, tanto en materia de convivencia y seguridad para actuar contra los robos en el campo, pueda trabajar y vivir en condiciones dignas y prestar el mejor servicio público posible”, ha manifestado este viernes el diputado provincial socialista Cristóbal Fernández Paéz, durante una comparecencia en la sede del PSOE de Antequera, en la que ha estado acompañado por los alcaldes de Ardales, Archidona, Cañete la Real y Villanueva del Rosario, así como el concejal antequerano Manuel Chicón.

Los socialistas no sólo denuncian un presupuesto “sencillamente ridículo” o el “retraso considerable” de unas actuaciones que se deberían haber acometido, al menos este año, sino también que se haya incumplido una moción aprobada por unanimidad en la Diputación para que se incluyera la rehabilitación y ampliación del cuartel de Archidona en este convenio, de cara a la apertura del nuevo centro penitenciario, previsto inaugurar el próximo año y que en la actualidad se está equipando.

La alcaldesa de esta última localidad, Mercedes Montero, ha vuelto a reivindicar que el Estado cumpla su compromiso para que la casa cuartel pueda acoger en el futuro a familias de los 80 agentes que compondrá la Unidad de Vigilancia Penitenciaria. De hecho, según ha dado a conocer, ya ha solicitado nuevamente una cita con la Dirección de Instituciones Penitenciarias, para abordar este asunto ,ahora que ya hay una nueva cúpula en el Ministerio de Interior.

Desde Villanueva del Rosario reclaman recuperar la unidad administrativa de la Benemérita en la localidad, dado que se trasladó este servicio a Villanueva del Trabuco, al que consideran “deficitario” para dar cobertura a todo el territorio que engloba. También solicitan financiación para el arreglo del acuartelamiento, donde aún viven algunos agentes con sus familias, ya que hasta el momento el Ayuntamiento se ha tenido que encargar del mantenimiento, invirtiendo para ello 30.000 euros en los últimos años.

En Ardales siguen a la espera de una respuesta de la Administración central a un ofrecimiento que hizo el Consistorio de un inmueble para que la Guardia Civil contara con unas dependencias propias. Hasta la fecha la oficina está ubicada en el bajo de una vivienda y sólo se atiende en horario matinal de lunes a viernes; el resto del tiempo dependen del acuartelamiento de Coín. Por ello reclaman una unidad permanente en Ardales, máxime con el aumento del turismo para visitar sobre todo el Caminito del Rey, y ser una zona “donde están proliferando los robos en el campo”, según ha asegurado su alcaldesa, María del Mar González.

La primera edil de Cañete la Real, Pepi Jurado, ha reclamado al Ministerio de Interior que cumpla con el compromiso adquirido en el año 2000, tras el acuerdo alcanzado para la construcción de un nuevo cuartel, en el solar que el Ayuntamiento ha habilitado, tras derruir las anteriores instalaciones, destinando ya a ello 150.000 euros.

Por su parte, Chicón ha vuelto a instar al Gobierno central a que tenga Antequera como “una prioridad” para concluir el proyecto de construcción del nuevo cuartel, que lleva años paralizado y sobre el que recientemente se ha llegado un convenio entre el Ayuntamiento y la adjudicataria para desbloquear la situación.

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