Izquierda Unida anuncia la desaparición de varios Servicios Sociales municipales ante la aprobación de la reforma de la Administración Local del PP

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Antequera, Fran Matas, junto al responsable de organización de la asamblea del partido en la ciudad, Basilio Pozo, así como varias militantes y simpatizantes, se han concentrado en la mañana de hoy en la puerta del Centro de Atención Infantil Temprana, Centro de Información a la Mujer y la Unidad de Empleo para Mujeres, situado en calle Picadero.

Según Basilio Pozo desde Izquierda Unida quieren poner de manifiesto «los peligros que conlleva la reforma de la Administración Local del gobierno del Partido Popular para los servicios municipales», que esta semana termina de tramitarse en el Senado. Pozo ha recordado que hoy, en los municipios de la provincia gobernados por la coalición de izquierdas, los ayuntamientos están cerrados en señal de protesta simbólica «para concienciar a la ciudadanía de qué pasaría si esta Reforma Local entra en vigor».

Por su parte, Fran Matas ha asegurado que dicha reforma pone en peligro las políticas de igualdad, razón por la cual han escogido dichas instalaciones de calle Picadero, ya que, según el portavoz, tanto el Centro de Atención Infantil Temprana, Centro de Información a la Mujer y la Unidad de Empleo para Mujeres son programas que al ser eliminados conllevarían la reducción de algo más de 800 centros de este tipo en toda Andalucía a solamente uno por provincia, quedando gran parte de la población desatendida, según Matas.

Desde Izquierda Unida han recalcado que esta reforma supone una respuesta ideológica por parte del Partido Popular, «un partido que no cree en el municipalismo y sí en las diputaciones ya que ellos las controlan, y donde se instalan miles de ‘chiringuitos’ que tanto ellos denuncian y que no están dispuestos a reformar al tratarse de nidos de enchufados». Matas también resaltó la reducción paulatina que desde 2012 el gobierno ha aplicado al presupuesto dedicado a los Servicios Sociales de los ayuntamientos, de 96 millones de euros a 27 millones en el presente año, algo que ha calificado de «un ataque a los servicios sociales municipales, aquellos más sensibles y más realistas con los problemas de los ciudadanos».