La residencia de mayores San Carlos de Archidona tiene 59 plazas pero tan sólo alberga a 25 ancianos, lo que supone un nivel de ocupación inferior al 50%. La mitad del edificio está cerrado pero no está previsto aumentar el número de mayores, a pesar de la demanda, debido a la falta de entendimiento entre la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, que tienen bloqueado el acceso a nuevos residentes.
El centro está totalmente capacitado para acoger a más personas, pero la Diputación de Málaga, responsable de la residencia, asegura que no puede ampliar las plazas ya que es algo que compete a la Junta de Andalucía, a través de la Ley de Dependencia.
La Junta por su parte, puso como límite hasta el 31 de este mes de junio para que la Diputación adaptara las instalaciones a la normativa autonómica como condición sine cua non para concertar las plazas para dependientes.
El ente provincial se niega a ejecutar dicho plan de obras, presupuestado en unos 200.000 euros, ya que según explicó la diputada de Centros de Atención Especializada, Emiliani Jiménez, a este periódico, ya adaptaron la Residencia La Vega de Antequera, con una inversión de unos 90.000 euros, «y ahora la Junta no quiere concertar las plazas; por lo que creemos que aunque adaptemos el centro estas tampoco las va a concertar».
Ante esta situación, la administración andaluza responde que no va a concertar más plazas en nuevas residencias hasta que se cubra al menos el 85% de las plazas que están concertadas en otras residencias de Andalucía pero que actualmente no están ocupadas.
Centro de día
Esta situación, deja en el aire el futuro de la residencia San Carlos de Archidona. Para al diputada Emiliani Jiménez, el centro tiene actualmente el certificado de funcionamiento y el objetivo de la actual corporación no es cerrar la residencia: «Vamos a mantenerla abierta y la Junta va a tener que hacerse cargo de los usuarios».
La diputada de Centros de Atención Especializada añadió que la residencia se destinará a centro de día mientras se conciertan las plazas. En este sentido, la Diputación desarrollará el programa de Envejecimiento Activo, para que «el centro se abra a colectivos y asociaciones que puedan realizar allí sus actividades», como ya se hace en la residencia de La Vega de Antequera.
Este programa consiste en la puesta en marcha de actividades relacionadas con los ejes marcados por el Área de Derechos Sociales de la Diputación de Málaga como son la vida saludable, la cultura, el ocio y las nuevas tecnologías.
«El pasado año instamos a la Junta de Andalucía a que hicieran las obras de la residencia, pero la respuesta fue no; quieren que las hagamos nosotros –insistió Emiliani Jiménez– pero con la Ley de la Dependencia en la mano, esto es competencia de la administración andaluza, que tiene que hacerse cargo de ellos, pero lo tienen totalmente en el olvido», insistió Jiménez.
Por su parte, el delegado de Igualdad de la Junta, Daniel Pérez, apuntó que si la Diputación de Málaga «no está metiendo más ancianos es porque no quiere. La Diputación podría meter a más personas en las plazas de residencia que tienen en estos momentos, y decir que no lo están haciendo porque la Junta no quiere es faltar a la verdad», incidió Pérez.
Para el delegado de Igualdad, aunque el centro está acondicionado, adecuarlo a la normativa andaluza «favorecería la atención que están recibiendo en este momento los residentes». Estas obras consistirían, principalmente, en la eliminación de barreras arquitectónicas.
Sánchez señaló que la Diputación de Málaga asegura que no va a cerrar el centro, pero “como lo van a seguir manteniéndolo si no hay abuelos”.
Así, Sánchez se preguntó que “si hay 10 abuelos en la residencia San Carlos y 30 trabajadores que va hacer la Diputación de Málaga”.
El regidor archidones recalcó que es necesario la realización del Plan de adecuación para que la residencia se adapte a Ley de Dependencia y así poder funcionar al cien por cien de su capacidad.
“Evidentemente si no se acomete el plan de adaptación la Junta de Andalucía no puede concertar las plazas”, pero señaló, la Diputación “no puede permitir que los demás cumplan con su obligación”.
Según Sánchez, la obligación de la Diputación Provincial de Málaga es prestar asistencia a los municipios menores de 20.000 habitantes, en los que, por ley, tiene las competencias en materia de servicios sociales.
“La Diputación no ha cumplido con su obligación, lo que se traduce en una dejadez más, porque no tiene dinero para adaptar la residencia a la Ley de Dependencia y se gasta grandes cantidades de dinero en grandes infraestructuras en la provincia”, indicó Sánchez.
Así, el regidor archidonés incidió que el ente “puede cubrir ahora hasta las 60 plazas, pero deben establecer un criterio de necesidad de las personas que necesitan entrar”.
“Pueden cubrir todas las plazas lo que pasa es que no tienen la voluntad de cubrirlas”, concretó, para más tarde recalcar que “el único problema que tiene la Diputación es que quieren ahorrarse el dinero para cubrir plazas, ya que la Junta les da por anciano 1.200 euros”.
“Ahora mismo podrían ampliar las plazas hasta 35 abuelos con el personal que hay actualmente”, apostilló.
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