La secretaria general de Fondos Europeos Agrarios, Concepción Cobo, ha considerado «positivo» que se mantenga el apoyo específico al sector vitivinícola en el marco normativo propuesto respecto a la regulación de mercados. A su parecer es un acierto la apertura que plantean los nuevos reglamentos de extender este tipo de intervenciones a otros sectores agrícolas o ganaderos.
Para la representante de la Consejería, es una buena noticia que se siga respaldando a un sector como éste, de tan marcada vocación exportadora como demuestran las cifras de ventas al exterior, con 117 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 18% en una década.
La semana pasada tuvo lugar la jornada ‘El vino en la futura Política Agrícola Común (PAC), donde participó Cobo. La secretaria general aseguró que los programas específicos son la vía más eficiente para organizar al sector y fortalecer su posición en la cadena alimentaria, mejorando su capacidad de adaptación al mercado.
En el caso del sector vitivinícola, el marco normativo mantiene el apoyo económico al sector a través de planes que deben ser presentados a nivel nacional y en los que pueden seguir incluyéndose ayudas para mejorar la competitividad de las explotaciones vitivinícolas a través de la reestructuración y reconversión de las plantaciones de viñedo. A esto se añaden incentivos para la mejora de los procesos de transformación y comercialización de las bodegas, a través de los cuales en Andalucía se realizan inversiones que superan los nueve millones de euros anuales.
Asimismo, podrán seguir accediendo a las subvenciones para la promoción del vino en países terceros, una línea en la que las bodegas e industrias vitivinícolas andaluzas invierten de seis a siete millones de euros anualmente con más de 60 programas a través de más de 20 industrias. Se mantienen igualmente las líneas de apoyo a la innovación, que ofrecen un enorme potencial para conseguir que el sector se adapte a las nuevas demandas del mercado y mejore su sostenibilidad económica y ambiental.
La secretaria general se ha referido también a dos aspectos que desde la Consejería «consideramos que deben mejorarse en la regulación de los mercados agrarios”. Por un lado, la necesidad de contar con un marco jurídico de ámbito europeo más ambicioso que regule los temas de competencia o la relativas a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.
Por otro lado, la necesidad de establecer mecanismos más sencillos y ágiles para la revisión y actualización de los precios de activación de las medidas de intervención de mercado.
Cobo ha explicado que desde la comunidad autónoma se apuesta por que «las normas que regulen el mercado único sean de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro y no dejar abierta la posibilidad de que cada uno establezca sus propias normas».