La justicia continúa investigando supuestas irregularidades en contrataciones en el Ayuntamiento de Antequera

La jueza solicita, mediante providencia, al ex alcalde, Ricardo Millán (PSOE) y el actual regidor Manuel Barón (PP) documentación que justifique que “no se variaron las circunstancias de los contratos”. Solicita el contrato de trabajo del arqueólogo director de museo publicado el 11 de diciembre de 2013.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Antequera continua con la investigación por irregularidades en las contrataciones efectuadas en el Ayuntamiento de Antequera desde el año 1995 hasta marzo de 2011. La querella, que fue admitida a trámite por dicho juzgado, va dirigida contra el exalcalde del de Antequera, Ricardo Millán (PSOE), y el actual regidor, Manuel Barón (PP), querellados, en calidad de imputados de un presunto delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal. Ahora la jueza les reclama, mediante providencia, la aportación de “documentación justificativa de que no se variaron las circunstancias de los contratos (es decir, que se realizo una mera transformación de los contratos temporales en indefinidos)”. 

Los querellados deben entregar la documentación requerida en diez días hábiles, desde el día 12. Así, en la denuncia, interpuesta por Miguel Cobos, vecino de Antequera, se acusaba de no haber publicado las bases de la convocatoria, las listas de admitidos y excluidos y relación de aprobados, según recuerda la providencia. 

A través de la providencia se solicita documentación justificativa de las contrataciones municipales entre los años 2004 y 2009. Entre ellas, documentación acreditativa por el que se dio cobertura a la plaza de arqueólogo y la contratación del mismo; información del proceso de cobertura de dos plazas de peones; convocatoria para la cobertura de arquitecto técnico, resolución de la convocatoria y contratos finalmente celebrados, y certificado acreditativo de las plazas ofertadas y vacantes con reserva para promoción interna en relación a la plaza de periodista y a la plaza de oficial de mantenimiento todos del año 2004. 

Junto a ello se requieren los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 30 de julio de 2005, del 18 de mayo de 2007 y 30 de mayo de 2012. 

Asimismo, la jueza requiere que se aporte contrato de trabajo del arqueólogo director de museo publicado en la relación de puestos de trabajo del 11 de diciembre de 2013. 

Por otro lado, el juzgado también solicita a los imputados la documentación acreditativa del proceso y contratación de la plaza de peón de jardinería en el año 2005; además de documentación del procedimiento y contrato de la plaza de peón de sepulturero. 

Ya del año 2006 la jueza solicita la acreditación de que las plazas del personal laboral que se ofertaron en 2006 permanecen vacantes con reserva para promoción interna, o en su caso el procedimiento por el que se les ha dado cobertura. 

Además, de la oferta de empleo público para el año 2007 (publicada el 20 de julio de 2007) la providencia detalla cuatro plazas públicas de este año desaparecidas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 30 de julio de 2012. De otra parte, de este año se requiere la presentación de “procedimiento por el que se dio cobertura mediante contratos de duración indefinida a las dos plazas de administrativo, una de oficial de primera de albañil y a las tres plazas de conserje conservador. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Antequera reclama documentación del proceso por el que dio cobertura a nueve plazas mediante contrato indefinido en 2008. Por último, la jueza reclama documentación de las plazas de oficial de primera, herrero y peón de mercado con sus correspondientes contratos en 2009. 

En relación a la demanda, el denunciándote, asegura ser un perjudicado por la forma de proceder estos años a la hora de sacar a las plazas públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga por parte del Ayuntamiento de Antequera. “Se publicaba en el boletín pero la convocatoria no se publicaba, alguien entraba en ese puesto pero no había convocatorio, no ha tribunal calificador, ni baremo final… todo eso no se publicaba, se contrataba a dedo. Yo quería presentarme y no me podía presentar porque no salían esas plazas a concurso”, apunta. 

Así, en la documentación aportada en la querella, como señala Cobos, aparecen los admitidos, pero no los excluidos, y a bolígrafo, el demandante, escribe algunos de las relaciones que los admitidos tenían con el Equipo de Gobierno del PSOE. 

En la denuncia no está Jesús Romero, alcalde desde 1995 a 2003, porque según el denunciante “el delito a partir del 2004 a prescrito”. A pesar de ello, insiste que “no ha prescrito la responsabilidad de Jesús Romero”. Al actual alcalde de la ciudad, Manuel Barón, Cobos lo denuncia, porque en marzo de 2011, cuando aún no era regidor, el PP presentó una moción, mediante la que solicitaban normalizar la situación del personal laboral del Ayuntamiento facilitando la “consecución de un único contrato indefinido para todo el personal laboral, independientemente del tiempo que lleven realizando su labor profesional”.