El Partido Popular de Antequera ha presentado este miércoles una moción que llevará al próximo Pleno municipal en la que solicita a la Junta de Andalucía el establecimiento de convenios que permitan priorizar a la población local y comarcal en el acceso a plazas residenciales financiadas con inversión municipal y provincial.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha explicado esta iniciativa en rueda de prensa, acompañado por la portavoz municipal, Ana Cebrián, y las concejalas Sara Río y María Sierras, responsables de áreas vinculadas a accesibilidad, mayores, infancia y participación social.
Durante su intervención, Barón ha recordado algunos de los proyectos impulsados recientemente, como la puesta en marcha de la residencia de gravemente afectados de ADIPA, el nuevo centro CITEA para personas con trastorno del espectro autista o las actuaciones previstas en la residencia de San Juan de Dios, que contará con una inversión anunciada de 3,5 millones de euros por parte de la Diputación de Málaga. A ello se suma, según ha indicado, el reconocimiento de Antequera como municipio excelente en inversión social por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, siendo el único de la provincia de Málaga en obtener esta distinción.
El alcalde ha señalado que, pese a este esfuerzo inversor, la normativa autonómica permite que las plazas concertadas en estos centros puedan ser ocupadas por usuarios de cualquier punto de Andalucía, independientemente de que la inversión haya sido sufragada con fondos locales o provinciales. “Puede darse el caso de que nosotros hagamos un esfuerzo inversor, de que los presupuestos municipales del ayuntamiento o los presupuestos provinciales de la diputación, el trabajo, la dedicación, nos lleve a invertir mucho dinero y que después los beneficiarios sean otras personas que no son de Antequera o no son de la comarca», ha afirmado.
Ante esta situación, el equipo de gobierno propone solicitar a la Junta de Andalucía la firma de convenios que contemplen mecanismos de prioridad en la adjudicación de plazas para las personas residentes en el municipio o en el ámbito territorial que haya realizado la inversión. Barón ha matizado que no se trata de establecer exclusividad, sino de garantizar preferencia: “Prioridad absoluta para las personas afincadas en el territorio. Si quedaran plazas vacantes, no se dejarían sin ocupar”.
Según ha explicado, esta medida permitiría mejorar la planificación territorial de los servicios sociales, reforzar la eficiencia del gasto público y favorecer el arraigo social y familiar de personas mayores y con diversidad funcional, evitando desplazamientos innecesarios fuera de su entorno habitual. Además, considera que este modelo incentivaría nuevas inversiones locales y provinciales en infraestructuras sociales.
La moción plantea instar a la Consejería competente en materia de servicios sociales a estudiar estos acuerdos de colaboración, respetando el marco legal y los sistemas autonómicos de valoración, y trasladar la iniciativa tanto a la Junta de Andalucía como a la Diputación Provincial de Málaga.
Barón concluyó defendiendo que la propuesta “no busca privilegios”, sino que el esfuerzo inversor de las administraciones locales tenga un retorno directo en la población del territorio que lo hace posible.
