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El PP de Antequera pedirá al Gobierno la cesión del tramo de la A-7282 entre El Romeral y la A-45

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El Partido Popular de Antequera llevará al próximo pleno municipal una moción para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la cesión a la Junta de Andalucía del tramo de la carretera A-7282 comprendido entre la rotonda de El Romeral y la autovía A-45. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Manolo Barón, durante una rueda de prensa ofrecida este viernes.

El regidor ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es desbloquear una situación administrativa que, según indicó, se prolonga desde hace más de un año y que impide actuar sobre una vía que presenta un notable deterioro. En este sentido, ha señalado que la Junta de Andalucía ha mostrado su disposición a asumir la titularidad del tramo para acometer su arreglo, siempre que el Ministerio formalice previamente la cesión.

Barón ha detallado la cronología de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento, que se iniciaron en enero de 2025 con un escrito remitido a la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía solicitando la reparación de la carretera. Según explicó, la respuesta recibida fue que el tramo no era de titularidad autonómica, sino estatal. A partir de ese momento, el Consistorio impulsó distintas iniciativas plenarias y reiteró sus peticiones al Ministerio de Transportes, sin obtener respuesta.

Ante la falta de contestación, el Ayuntamiento, tal y como ha informado Barón, trasladó una queja formal al Defensor del Pueblo en noviembre del pasado año. Posteriormente la Junta reiteró su disposición a asumir la gestión del tramo si se producía la cesión por parte del Estado, circunstancia que ha motivado la presentación de la moción que ahora se debatirá en el pleno municipal.

El alcalde ha subrayado que el estado actual de la carretera supone un problema para la seguridad vial y considera prioritario que se adopte una solución definitiva, bien mediante una actuación directa del Ministerio o a través de la cesión a la administración autonómica. En este sentido, insiste en la necesidad de aclarar de forma definitiva la titularidad de la vía para poder ejecutar las obras necesarias.

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