El PP de Antequera ha anunciado la presentación de una moción para el Pleno ordinario del mes de mayo con el objetivo de instar al Gobierno de España a revisar y eliminar diversas tasas administrativas en materia de extranjería. La iniciativa denuncia que el Ejecutivo central ha convertido la regularización de trabajadores extranjeros en un sistema de recaudación que afecta directamente a empresas locales y a la propia administración municipal.
La moción se centra específicamente en los costes derivados de los procedimientos de extranjería, concretamente el modelo de tasa 790 código 062. Según la exposición del Partido Popular, el empleador debe abonar una cuantía de 81,54 euros por cada trabajador extranjero en procesos de autorización o modificación de residencia por trabajo. En el caso de Antequera, el consistorio ha tenido que asumir estos pagos para regularizar la situación de personas extranjeras que participan en programas municipales de formación y empleo.
Un punto crítico de la moción es la situación del colectivo venezolano, el cual representa uno de los grupos mayoritarios de población extranjera en el municipio junto a ciudadanos de Brasil, Colombia y Marruecos. Desde el pasado 1 de abril, el Gobierno de España ha modificado los criterios de residencia, dejando de reconocer de forma generalizada las razones humanitarias para los ciudadanos procedentes de Venezuela.
Esta decisión administrativa obliga a estos residentes a tramitar una residencia basada en contratos de trabajo para mantener su legalidad en el país. El cambio implica que tanto empresarios como instituciones públicas deban abonar las tasas mencionadas para certificar el vínculo laboral de personas que anteriormente contaban con protección por razones humanitarias, según argumentan desde el PP.
El Partido Popular solicita a través de esta moción que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones elimine la obligación de las administraciones públicas locales de abonar tasas estatales por la contratación de trabajadores extranjeros. Asimismo, se pide el mantenimiento de mecanismos de protección para ciudadanos de países en situaciones de especial dificultad humanitaria como Venezuela.
