COLEGAS denuncia que insultar y agredir a las minorias en España, resulta barato

La Confederación Española LGBT COLEGAS denuncia la irrosoria multa que se ha impuesto a una mujer que insultó y agredió a una pareja de lesbianas vecinas de Castellón.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a una mujer, vecina de Castellón, por lesiones e injurias a sus dos vecinas lesbianas y la condena a una pena de 300 euros de multa y una indemnización de 245 euros, por los arañazos y contusiones que produjo a una de las víctimas durante una pelea. Por estos hechos, la mujer ya fue condenada por el juzgado de Instrucción 6 de Castellón por una falta de lesiones y dos de injurias y le impuso una multa de 180 euros por la primera y 120 euros por las injurias, que la condenada apeló a la Audiencia Provincial.

Según un reciente informe del Ministerio de Interior de España, en 2013 se produjeron 1.172 ataques, la mayoría motivados por la orientación sexual o identidad de género (452 casos) o el origen racial (381) de las víctimas. Andalucía, Cataluña y Madrid encabezan estas estadísticas con 299, 188 y 136 casos respectivamente.

“Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), entre el 60% y el 90% de las víctimas de delitos motivados por sentimientos de odio no denuncian su caso. Uno de los motivos principales de esta falta de denuncia es la sensación, muy justificada, de que la mayoría de los delitos queda impune o recibe penas mínimas”, estima Paco Ramírez, presidente de COLEGAS.

“La falta de una ley que castigue la discriminación motivada por el odio, ya sea homofobia, xenofobia, racismo, antisemitismo, etc… está logrando que muchos delitos de odio queden impunes o cuando no son castigados levemente. Es necesario una urgente Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que regule este tipo de delitos en nuestro país, ante la ambigüedad y el vacío legal existente en este momento en nuestro país. Con una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación tendremos por fin una herramienta legal para combatir los delitos de odio y garantizar de manera efectiva el cumplimiento del principio de igualdad y proteger a la ciudadanía frente a cualquier tipo de discriminación”, ha declarado Paco Ramírez.