Para ellos resulta injusto que un servicio esencial para los ciudadanos, como es disponer de un jurista para la defensa de sus intereses, esté gravado con un impuesto del 21% de IVA

El pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales se reunió en Antequera y decidió tomar una posición enérgica frente a la situación actual de la Justicia en España, caracterizada por «bloqueos y falta de reformas que garanticen su eficacia y el adecuado funcionamiento de este servicio fundamental en un estado de derecho», señalaron.

Como resultado de estas deliberaciones, acordaron elevar una petición al Consejo General de la profesión para que estudie y valore, junto al resto de profesiones,  la solicitud de reducción del IVA de las minutas judiciales de los operadores jurídicos: graduados sociales, abogados y procuradores. Esta petición será compartida con instituciones, gobierno y partidos políticos con el objetivo de impulsar medidas que beneficien a la ciudadanía.

El presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández Sánchez, destacó que las minutas facturadas por los operadores jurídicos a sus representados han estado sujetas a impuestos desde finales de la década de 1970. Inicialmente, se aplicó un 3% de impuesto, que posteriormente aumentó al 4%, luego al 12% y, finalmente al 21% de IVA. Estos impuestos se cobran a los clientes desde el inicio de un procedimiento judicial, a partir de la emisión de las correspondientes provisiones de fondos.

Para José Blas Fernández, resulta «injusto» que un servicio esencial para los ciudadanos, como es disponer de un jurista para la defensa de sus intereses, esté gravado con un impuesto del 21% de IVA, «convirtiendo a estos profesionales en verdaderos recaudadores». Además, la situación actual de bloqueo en los juzgados agrava aún más esta situación, ya que se trata de un servicio público fundamental para garantizar los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

El Consejo Andaluz consideró que los servicios básicos, como el acceso a la Justicia, deberían tener un tratamiento diferenciado y limitarse a un IVA del 4% cuando las minutas se centren en actuaciones judiciales. Según explicaron, esta reducción del IVA de las minutas judiciales aliviaría la carga financiera para los clientes y contribuiría a facilitar el acceso a una defensa jurídica adecuada, en línea con los principios fundamentales de un estado de derecho. La medida no aplicaría para otras funciones de estos profesionales, como el asesoramiento o la gestión.

El Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales reafirmó así su compromiso con la defensa de los intereses de la ciudadanía y continuará trabajando en la búsqueda de soluciones que mejoren la prestación de servicios jurídicos que promuevan un sistema de Justicia eficiente y accesible para todos.

El Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales es una institución que agrupa a los colegios profesionales de graduados sociales en Andalucía. Representa, en su conjunto, a más de 9.000 profesionales. Su objetivo es promover la defensa y el desarrollo de la profesión, así como representar y salvaguardar los intereses de sus colegiados y la ciudadanía en general en materia laboral y jurídica en el ámbito Social y Mercantil.