Izquierda Unida ha denunciado este martes el nombramiento del Ayuntamiento de Antequera a una esposa de un concejal para realizar unos trabajos a una compañía contratada por la Administración local, para la realización de un derribo de un inmueble. «No me parece éticamente correcto», ha subrayado el portavoz de la formación, Fran Matas.
En el partido no se pone en duda la legalidad de la adjudicación de la obra, que tenía como fin demoler una vivienda en la Cuesta Real, sobre la que técnicos municipales habían advertido que su estado suponía un peligro para la ciudadanía. Sin embargo Matas ha lamentado que desde el Consistorio se nombre, «aunque sea a través de la propuesta de un tercero», a este familiar directo para llevar a cabo la dirección de obra y la coordinación de la seguridad y salud de estas actuaciones.
El Ayuntamiento ha querido dejar claro que no se contrata directamente a ese familiar, y que «simplemente»
realiza el nombramiento y aprueba en plan de seguridad y salud, como promotor de la obra. Como ha explicado la concejala de Urbanismo, Teresa Molina, al no localizar al propietario del inmueble, subsidiariamente tienen la obligación de actuar ante un posible derrumbe. Para ello se solicitó a los técnicos municipales la presentación de varias ofertas por parte de empresas locales del sector, donde poder comprar los costes de la actuación. Al tratarse de un contrato menor, no hacía falta siquiera este trámite, y máxime al tratarse de una «obra urgente»; sin embargo se quiso llevar a cabo de esta manera para que hubiera una mayor «transparencia».
En concreto se presentaron cuatro empresas en un primer momento, aunque una finalmente lo desestimó.
De las otras tres compañías, la Administración local se quedó con la oferta más ventajosa, en este caso fue la de Transportes Cristóbal Medina -cuyo gerente estuvo presente en la comparecencia, al igual que Carlos García, técnico municipal responsable de la gestión-, que a su vez contrató a Francisca Bermúdez, persona de confianza de esta empresa, según han señalado desde el Ayuntamiento.
A partir de ahí, la empresa adjudicataria se lo comunicó, como es obligatorio, al Consistorio para que realizara el respectivo nombramiento. Aunque, según ha manifestado el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, José Ramón Carmona, a la Administración le da «exactamente igual», mientras sea un profesional cualificado y el plan cumpla con lo establecido por la empresa y por la legislación.
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