El 21 de diciembre se cumplen dos meses de las inundaciones en la comarca de Antequera que afectaron gravemente sobre todo a Teba, Campillos, Sierra de Yeguas, Ardales y la ELA de Bobadilla-Estación, y que se llevaron por delante la vida del bombero José Gil. Los alcaldes de estas localidades denuncian que, pasado este tiempo, siguen sin recibir las ayudas. «En Teba nos estamos planteando volver a movilizarnos cuando se cumplan dos meses de la catástrofe», afirma el alcalde tebeño, Cristóbal Corral.
Los alcaldes ya se movilizaron hace semanas para reivindicar la declaración de zona catastrófica, que finalmente le dieron. «El Gobierno central no ha entendido la magnitud de la situación que estamos viviendo aquí. Así que si tenemos que volver a salir a movilizarnos, lo vamos a hacer», insistió el regidor de Campillos.
En el caso de Teba, la estimación de daños efectuada por este Ayuntamiento llega a 15,8 millones de euros y 300 familias afectadas con daños cercanos a los cinco millones de euros.
Por su parte, Campillos ha estimado los daños en 1.050 viviendas y 500 vehículos siniestrados, 10 millones de euros en infraestructuras públicas y un total de 40 millones para la recuperación del municipio.
Ante esta situación «son los colectivos o el Ayuntamiento con recursos propios los que se están movilizando para conseguir fondos que puedan paliar la situación que están viviendo las familias afectadas», informó Cristóbal Corral.
Así, días pasados fue el Club de Atletismo de Campillos el que organizó una marcha solidaria por el municipio, que recorrió las principales zonas afectadas, para visibilizar la situación actual y recaudar fondos para los afectados. Además, son muchos los colectivos, no sólo de la comarca de Antequera los que están organizando este tipo de actividades.
El pasado jueves, la comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley a propuesta del PSOE para establecer líneas de financiación para las explotaciones agrarias afectadas; la bonificación del IBI a aquellas fincas agrícolas afectadas y a las explotaciones ganaderas, así como las cuotas patronales de la Seguridad Social. La iniciativa recoge una reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas y la reducción de las 35 peonadas establecidas para percibir el subsidio.