El ayuntamiento de Antequera recurrirá a los tribunales y va a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la orden de reintegro solicitada por la Junta de Andalucía por la deuda del Palacio de Ferias que asciende a 5,2 millones de euros, para evitar así un posible embargo de las cuentas municipales.

“Si se embargan las cuentas se paralizaría la ciudad durante meses”, ha lamentado el alcalde de Antequera, Manuel Barón (PP), quien ha informado en rueda de prensa que el Ayuntamiento decide dar este paso tras recibir la providencia de apremio el pasado 18 de julio. Esta misma semana el regidor entregó en el Palacio de San Telmo de Sevilla las llaves del Palacio de Ferias en petición de la dación en pago.

“No fuimos recibidos en la Junta de Andalucía. No sé cómo alguien puede estar abierto al diálogo y no hablar ni recibirte ni contestarte”, ha lamentado el alcalde.

El abogado del bufete Martínez Echevarría, Carlos García, ha indicado que la presentación del contencioso no frena la vía administrativa.

La Junta de Andalucía solicita la subvención otorgada para la construcción de esta infraestructura por el incumplimiento del contrato firmado en su día que exigía la apertura del edificio, que en este momento esta inacabado. Así, la subvención ascendía a 3,3 millones de euros que con los recargos e intereses ha ascendido a 5,2 millones de euros.

“Nos encontramos con que el Palacio de Ferias está construido pero no ha entrado en funcionamiento. La complejidad de la puesta en funcionamiento ha llevado al Ayuntamiento a exigir de las distintas administraciones la creación de algún tipo de consorcio que permitiese la gestión conjunta”, ha indicado García.

En este procedimiento se han hecho unas alegaciones por parte del Ayuntamiento que no han sido aceptadas por la administración andaluza, que ha continuado requiriendo la deuda, ha precisado.

“Esto ha provocado la apertura de dos ámbitos. El ámbito administrativo que nunca se ha perdido, manteniendo las negociaciones con la Administración autonómica. Se agotó la vía administrativa antes de llegar a la contenciosa pero no se ha recibido ninguna contestación por parte de la Junta de Andalucía”, ha concluido García.

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