La Junta de Andalucía se ha comprometido a asumir parte del coste de las infraestructuras referentes al trasvase de agua desde el pantano de Iznájar, en Córdoba, hasta la comarca de Antequera. Así lo ha confirmado este martes el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que lamentó “profundamente” que el Gobierno “se quiera desentender del problema”.
Fiscal ha realizado estas declaraciones justo antes de mantener una reunión en Fuente de Piedra, uno de los municipios más afectados por la falta de lluvias, con los alcaldes de las trece localidades del norte de Málaga afectadas por el problema de suministro de agua potable. Estas poblaciones se abastecen principalmente de acuíferos subterráneos que han visto disminuido su nivel hidrológico.
En el encuentro, el responsable de la Junta ha trasladado a los regidores presentes el compromiso firme de la Administración regional para solucionar a corto plazo el problema de abastecimiento llevando a cabo el mencionado trasvase de hasta cinco hectómetros cúbicos. Esta medida, según Fiscal, es la “única posible en estos momentos”, de ahí que haya solicitado al Gobierno central que declare la obra de Interés General.
El titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha recalcado también que tanto el Estado como la Junta de Andalucía deben de dar una respuesta ante “la carencia estructural acreditada en el tiempo” y que, además, las infraestructuras deben contar también con la colaboración de las administraciones locales, ayuntamientos y Diputación, “ya que serán ellos quienes se encarguen de gestionar finalmente el recurso y las infraestructuras”. 
Fiscal ha asegurado que ha remitido ya dos cartas a la ministra de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, “que han tenido como respuesta la negación de su ministerio a participar en la obra del trasvase”. El consejero criticó que el Gobierno central se niegue a participar en la inversión de la obra, rechazando toda posibilidad de declarar la misma como de Interés General del Estado. “Tampoco contempla autorizar vía Consejo de Ministros una transferencia menor de cinco hectómetros cúbicos y remite a la tramitación de una Ley en el Parlamento”, añadió. 
El consejero ha señalado que no se tiene “ninguna colaboración del Estado, pese a que se reserva fondos europeos para abastecimiento que no transfiere a las Comunidades Autónomas” e indicó que hay precedentes similares en Andalucía en los que el Estado ha participado, como en el trasvase Guadiaro-Majaceite, el trasvase Negratín Almanzora, o la transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos desde el Tinto-Odiel-Piadras al Guadalquivir.
El compromiso político de los pueblos se ha ratificado con mociones en los municipios y en la Diputación de Málaga. Se ha aprobado también una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía, en la sesión de 8 de septiembre por la que se instaba al Consejo de Gobierno para que a su vez instara al Gobierno de España a aprobar de manera urgente la transferencia, así como que se declaren las obras de Interés General del Estado. 
Fiscal sostiene que el trasvase vendrá a mejorar considerablemente los acuíferos, ya que su explotación se reduciría, mejorando así sus niveles, tanto de calidad, como de cantidad de sus aguas.