Limpieza de la acera junto a unos contenedores

“Impuesto revolucionario del Gobierno andaluz”. Así ha calificado este martes el coordinador del Partido Popular de Antequera, Juan Álvarez, el cobro del canon por depuración de aguas a los ayuntamientos, que se comenzará a aplicar tras la modificación de la Ley de Aguas autonómica.

Varios municipios de la provincia, fundamentalmente gobernados por el PP, ya se han posicionado de este cambio, que obligará a los consistorios a pagar en función de lo consumido. Hasta ahora el canon sólo se aplica a la cantidad que se factura, y dado que la inmensa mayoría de los consistorios gestionan el agua, sea por la propia Administración local o una empresa municipal, no tenían que asumir este coste cuando el agua se usaba como servicio público.

Como ha señalado Álvarez, el cambio implica que se aplique la tasa para, por ejemplo, el agua usada para el baldeo de las calles o el riego de jardines, o cualquier suministro en las dependencias municipales, lo que supondrá “un claro perjuicio a las arcas municipales y para los ciudadanos”.

Para el coordinador del PP de Antequera, este impuesto sólo responde “cien por cien” a un afán recaudatorio de la Junta, ya que no ve que se traduzca en inversiones. “Los antequeranos hemos pagado más de 2,5 millones de euros en concepto de este canon finalista que la Junta debe aplicar para mejorar las infraestructuras hidráulicas, cuando en Antequera ha invertido cero euros”, ha expresado hoy en un comunicado.

El Gobierno municipal popular ya mostró ayer su desacuerdo con esta modificación, con una moción presentada por el PP en el Pleno. El texto pretende instar al Gobierno andaluz a dar marcha atrás en este cambio normativo que, además, “supone una intromisión en las competencias municipales”, como expone Álvarez. La propuesta fue aprobada, pero con los votos en contra del PSOE e Izquierda Unida -al igual que ha ocurrido en otros ayuntamientos de la provincia-.

Los populares insisten en el perjuicio de este cambio y el cobro del canon y por ello también reclaman a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) que se posicione “en defensa de los ayuntamientos”.

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