Los procesos de selección serán por concurrencia competitiva y el alumnado es contratado desde el inicio de los proyectos y por un periodo de un año
Una docena de municipios de la comarca de Antequera han recibido subvenciones de la Junta de Andalucía para poner en marcha nuevos programas de formación y empleo.
La delegada del Gobierno, Patricia Navarro y la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez han entregado esta semana las 36 resoluciones concedidas en 2023 en materia de concurrencia competitiva de los cursos de formación profesional para el empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Los ayuntamientos de la comarca beneficiados han sido Alameda, Villanueva del Rosario, Sierra de Yeguas, Campillos, Antequera, Fuente de Piedra, Archidona, Humilladero, Villanueva del Trabuco, Cuevas de San Marcos, Cañete la Real y Teba.
52 millones de euros desde 2021
La Junta ha destinado 52 millones de euros a programas de formación y empleo en Málaga desde 2021. Esta cifra es la suma de las tres convocatorias puestas en marcha por la Consejería de Empleo para dar respuesta a las necesidades de entidades locales, ayuntamientos y ONGs que han optado al programa, «el cual ha dado un salto cualitativo en su última convocatoria con casi 33 millones de euros ejecutados y entregados a los participantes».
Con estas ayudas, en los próximos meses podrán poner en marcha los cursos de formación previstos y que abarcan desde fontanería y calefacción, climatización doméstica, montaje y mantenimiento de redes de agua y eléctricas hasta atención sociosanitaria a personas dependientes y desarrollo web para comercio electrónico.
En total 79 proyectos que darán formación y empleo a 1.203 desempleados de la provincia.
Sobre el programa
El programa ‘Empleo y Formación’ comenzó en 2021 con el objetivo fundamental de mejorar el funcionamiento y los resultados de las antiguas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, incorporando como principal novedad que el alumnado es contratado desde el inicio de los proyectos y por un periodo de un año. Además, durante ese tiempo se percibe el salario establecido por convenio, sin que éste pueda situarse en ningún caso por debajo del salario mínimo interprofesional.
Los proyectos han de responder a una programación en la que se combinen las acciones formativas de carácter presencial con la práctica profesional, contribuyendo de esa forma a mejorar las posibilidades de inserción laboral en el mercado de trabajo de las personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas.
Para cumplir con ese requisito, las actuaciones que diseñan las entidades públicas y privadas deben adecuarse a un criterio de utilidad pública o de interés general y social, de ahí el impacto positivo que generan en las poblaciones en las que se desarrollan.
El tiempo dedicado a la actividad formativa no puede ser inferior a un 35% del total de las horas de cada contrato ni superior al 50%, tomando como referencia 1.920 horas totales.
Otro de los requisitos contemplado en la convocatoria es que los proyectos deben ser planificados y diseñados por las propias entidades solicitantes, sin que en ese proceso la actividad formativa pueda ser subcontratada con terceros.