Hay 11 víctimas identificadas y siete personas han sido arrestadas, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional
Agentes de la Policía Nacional, en dos operaciones desarrolladas en Almargen (Málaga) y Alar del Rey (Palencia), han desarticulado sendas organizaciones criminales dedicadas presuntamente a la explotación laboral de migrantes. Una de ellas, asentada en la localidad malagueña de Almargen, explotaba a mujeres de origen nicaragüense en el sector del cuidado de personas mayores. La otra organización desmantelada abusaba laboralmente de migrantes varones de origen marroquí en un obrador de pan ubicado en la provincia de Palencia. Entre ambas operaciones hay un total de 11 detenidos, dos han ingresado en prisión provisional, dos víctimas han sido liberadas y 11 identificadas.
Una información recibida el pasado mes de octubre en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, ponía a los agentes tras la pista de una red de explotación laboral asentada en la localidad de Almargen (Málaga). Los investigadores, que han contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local del municipio malagueño, así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de INTERPOL, pudieron establecer el periplo de las víctimas desde su captación hasta su incursión en el mercado laboral español.
La oferta: un trabajo como interna en España
Entre los detenidos está la principal investigada, cuyo papel dentro de la organización era ser “el gancho” y la persona que suponía la vía de salida desde Nicaragua hacia un futuro mejor. Ella contactaba con las víctimas, y les ofrecía un trabajo en España como internas al cuidado de personas mayores dependientes en domicilio. La realidad con la que se encontraban las víctimas al llegar era bien distinto, no ajustándose a las condiciones ofertadas, pues debían estar disponibles la 24 horas del día, siete días a la semana, a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos, vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social.
Una agencia de viajes ubicada en Managua (Nicaragua) servía como tapadera para la organización. Aquí las víctimas eran aleccionadas para poder pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesario para su entrada en nuestro país. Asimismo, los agentes constataron que la red era liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, que además contaban con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase inicial de captación.
Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a un domicilio de la localidad de Almargen (Málaga), propiedad de uno de los principales investigados de la organización, donde realizaban tareas de limpieza sin remuneración. Allí permanecían hasta que se les conseguía un empleo como internas, periodo durante el cual debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento.
Al conocer las condiciones abusivas a las que iban a estar sometidas, algunas de las víctimas decidían abandonar el trabajo. Sin embargo, era tarde para ello, ya que no contaban con billete de vuelta a su país y además se les exigía el pago de los 5.000 euros de deuda. Este importe debía ser saldado de manera mensual, en pagos de 350 euros. Si finalmente dejaban el trabajo, esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización.
Una información recibida el pasado mes de octubre en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, ponía a los agentes tras la pista de una red de explotación laboral asentada en la localidad de Almargen (Málaga). Los investigadores, que han contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local del municipio malagueño, así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de INTERPOL, pudieron establecer el periplo de las víctimas desde su captación hasta su incursión en el mercado laboral español.
La oferta: un trabajo como interna en España
Entre los detenidos está la principal investigada, cuyo papel dentro de la organización era ser “el gancho” y la persona que suponía la vía de salida desde Nicaragua hacia un futuro mejor. Ella contactaba con las víctimas, y les ofrecía un trabajo en España como internas al cuidado de personas mayores dependientes en domicilio. La realidad con la que se encontraban las víctimas al llegar era bien distinto, no ajustándose a las condiciones ofertadas, pues debían estar disponibles la 24 horas del día, siete días a la semana, a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos, vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social.
Una agencia de viajes ubicada en Managua (Nicaragua) servía como tapadera para la organización. Aquí las víctimas eran aleccionadas para poder pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesario para su entrada en nuestro país. Asimismo, los agentes constataron que la red era liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, que además contaban con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase inicial de captación.
Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a un domicilio de la localidad de Almargen (Málaga), propiedad de uno de los principales investigados de la organización, donde realizaban tareas de limpieza sin remuneración. Allí permanecían hasta que se les conseguía un empleo como internas, periodo durante el cual debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento.
Al conocer las condiciones abusivas a las que iban a estar sometidas, algunas de las víctimas decidían abandonar el trabajo. Sin embargo, era tarde para ello, ya que no contaban con billete de vuelta a su país y además se les exigía el pago de los 5.000 euros de deuda. Este importe debía ser saldado de manera mensual, en pagos de 350 euros. Si finalmente dejaban el trabajo, esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización.
