Dos técnicos de la oficina del Defensor del Pueblo ya han podido conocer de primera mano la situación en la que se encuentran el medio millar de inmigrantes internados desde esta semana en el futuro Centro Penitenciario Málaga II, de Archidona.
La institución quería “comprobar las condiciones del centro en el que se encuentran privadas de libertad personas extranjeras por infracción de la Ley de Extranjería”. Los funcionarios se desplazaron ayer hasta Archidona, para visitar, sin previo aviso, unas instalaciones que aún no habían sido inauguradas como cárcel –la intención era abrirla, al menos parcialmente, para este año– y que se está aprovechando como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Esta visita se produce tras el encuentro que mantuvieron ayer miembros del Grupo Parlamentario Socialista con el Defensor del Pueblo, Fernández Marugán, tras la batería de preguntas que han presentado a la Mesa del Congreso, para que el Gobierno central aclare varios puntos sobre la situación de los inmigrantes.
En el PSOE quieren ver con sus propios ojos cómo se encuentran estas personas, llegadas en patera a las costas de Murcia y Almería y procedentes en su inmensa mayoría de Argelia. Por ello, los diputados nacionales Miguel Ángel Heredia y Begoña Tundidor y el senador Antonio Morales han presentado este viernes un escrito en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, solicitando una visita a las instalaciones de la futura cárcel de Archidona.
Los socialistas también han solicitado la comparecencia del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique en el Congreso por qué se decidió usar un espacio pensado como centro penitenciario. “El Gobierno ha vulnerado toda la legislación española. Ha incumplido las leyes de extranjería. Ha vulnerado el reglamento de los centros de internamiento de extranjeros que aprobó el propio Gobierno del PP en 20142. Ha vulnerado la sentencia del Tribunal Constitucional, la legislación europea, la legislación internacional en derechos humanos… ha cometido una auténtica barbaridad”, ha subrayado Heredia.
También quieren visitar estas instalaciones la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora y el europarlamentario de Podemos, Miguel Urbán, pero no se les ha permitido por ahora. Lo que sí han hecho ha sido presentar una batería de preguntas al Gobierno central, reclamando información sobre el juzgado que está realizando las funciones de control jurisdiccional de estos inmigrantes y los servicios que se están ofreciendo en las instalaciones del centro penitenciario.
Desde el sindicato CSIF Andalucía, además de oponerse “de manera tajante” a la utilización de la futura cárcel de Archidona como CIE, también han lamentado este viernes que este uso esté agravando el retraso de la puesta en funcionamiento del centro penitenciario.
Como ha podido comprobar la central sindical, el uso diario de los inmigrantes está afectando a las instalaciones, “que tendrán que ser modificadas para su inauguración, aún pendiente y que sufrirá un nuevo retraso”.
CSIF Andalucía asegura que es “sensible con la situación de los inmigrantes”, pero no comprende que la Administración no busque otra salida “menos dañina para los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, para los centros y, sobre todo, para los propios inmigrantes y exige soluciones inmediatas ante la gravedad de la situación”.